Fotografía:DyN/ALBERTO RAGGIO
LESA HUMANIDAD
Iglesia y dictadura: la verdad sigue sin aparecer
La noticia se conoció ayer en horas de la mañana. Sin embargo, los tan anunciados archivos son en su mayoría cartas de familiares a miembros de la Iglesia. La documentación del Vicariato Castrense seguirá en penumbras.
Hermana de desaparecidos | CeProDH
El material desclasificado perteneciente al período de la última dictadura cívico militar argentina, se encuentra en los archivos del Episcopado argentino, la Secretaría de Estado de la Santa Sede y de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires. Ese material ha sido digitalizado y organizado.
Desde la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunciaron que el material se pondrá a disposición, en la medida que lo soliciten, de “víctimas y familiares directos de los desaparecidos y detenidos y, en el caso de religiosos o eclesiásticos, también de sus superiores mayores”.
Durante la conferencia de prensa, se señaló que ese proceso de organización y digitalización se llevó a cabo “en conformidad con las decisiones e indicaciones del Santo Padre” y a su vez indicaron que “este trabajo se ha desarrollado teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz, continuando con el diálogo abierto a la cultura del encuentro en el pueblo argentino”. También se insistió en que la apertura de los archivos eclesiásticos de la última dictadura militar servirá para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reconciliación de los argentinos, y destacaron que, al conocerse a fondo el contenido de los documentos, la presencia de la Iglesia “va a aparecer con más luces que sombras”.
En el evento estuvieron presentes el presidente de la CEA, monseñor José María Arancedo (arzobispo de Santa Fe); el vicepresidente primero de la CEA, cardenal Mario Aurelio Poli (arzobispo de Buenos Aires) y el secretario general de la CEA, monseñor Carlos Humberto Malfa (obispo de Chascomús).
Chiste de mal gusto
El intento de lavarle la cara a una institución como la Iglesia Católica, cuya cúpula bendijo a los genocidas y su atroz accionar, abriendo presuntos archivos, se muestra con crudeza a la hora de especificar de qué consta el material que se hará público a familiares y sobrevivientes. Monseñor Arancedo especificó que se trata de unas 3.000 piezas, “en su mayoría cartas, algunas con las respuestas a la persona que pide” por sus familiares, e indicó que hay “un poco más” en la Secretaría de Estado del Vaticano.
La ilusión de conocer la verdad tiene aquí un duro revés para los que de alguna manera pudieron sentirse esperanzados: ¡se trata de copias de las cartas que las familias enviaban reclamando algo de misericordia en los hombres de la Iglesia! Nada que las familias de desaparecidos no conozcamos, como conocemos también los interminables pasillos recorridos para tener por toda respuesta, en el mejor y más optimista de los casos, una incumplida promesa de alguna gestión por nuestros familiares.
El segundo golpe que recibimos es que los archivos del Vicariato Castrense no se abren.
Quizás sea por eso que en la conferencia de prensa señalaron que “no tenemos miedo a los archivos, la verdad siempre ilumina, aunque duela”. Siguiendo con las metáforas lumínicas, Arancedo se animó a decir que “la presencia de la Iglesia va a aparecer con más luces que sombras”, mientras protestaba porque le parecía “fuerte” hablar de “complicidad” al detallar la relación entre la cúpula de la Iglesia y la dictadura.
La jerarquía eclesiástica fue parte de la dictadura: “cómplice” es poco. Empezando por los cardenales Juan Carlos Aramburu, arzobispo de Buenos Aires y Raúl Primatesta, arzobispo de Córdoba y Adolfo Servando Tortolo, presidente de la Conferencia Episcopal, Arzobispo de Paraná y vicario general castrense, adhirieron abiertamente a la “cruzada anticomunista” de la dictadura que se autodenominaba “occidental y cristiana”. Después del golpe, Tortolo bendecía a la Junta genocida y advertía que “los principios que rigen la conducta del general (Jorge) Videla son los de la moral cristiana”.
Sobrevivientes de centros clandestinos de Entre Ríos relataron que el mismo Tortolo recibió a personas secuestradas en su residencia, las visitó en cautiverio, vio cuerpos deshechos por la tortura y predicó el “por algo será”. Horas después esas personas desaparecieron para siempre. Tortolo murió impune en 1986.
Estos casos no son aislados como quieren hacer creer los actuales dirigentes de la Iglesia Católica.
No es casual tampoco que los archivos del Vicariato Castrense permanezcan bajo siete llaves. El caso del siniestro capellán mayor de las Fuerzas Armadas, Emilio Graselli, ayudante de Tortolo, que daba misa en la ESMA, y fue denunciado por Alejandrina Barry, integrante del CeProDH como uno de los que presenció las sesiones de tortura a su tío Enrique. El caso es parte de las denuncias de la Conadep y son conocidos los testimonios que dan cuenta de que confeccionaba fichas sobre los desaparecidos, como responsable de la parroquia castrense Nuestra Señora de Luján, en Palermo.
Francisco, el Papa y la verdad
Si algo sobra en esta materia, son ejemplos. Christian Von Wernich, que condenado por 34 secuestros, 37 casos de tortura y siete homicidios calificados siguió dando misa y nunca fue expulsado de la Iglesia; Victorio Bonamin, que también murió impune, cuyo diario personal fue convertido en libro por Lucas Bilbao y Ariel Lede, es un minucioso relato de cómo actuó al servicio de la dictadura.
Mención aparte merecen los curas del Operativo Independencia, se habla de 43, cuya participación se expuso con detalle durante el juicio por la Megacausa en Tucumán.
Claro está que hubo excepciones, que pagaron con su vida no haber sido parte de la siniestra maquinaria genocida.
El rol de Bergoglio, por cuya orden se ha desclasificado el material en poder del Vaticano y de la Iglesia argentina, no brinda mucha luz. Las denuncias que implican al actual Papa como facilitador o al menos conocedor del secuestro de los jesuitas Yorio y Jalics son abundantes. Myriam Bregman y Luis Zamora denunciaron la reticencia de Bergoglio a hablar del tema, reticencia que consideraron una falta a la verdad, durante una extensa declaración en el marco del juicio por los crímenes cometidos en la ESMA, citado por el Tribunal Oral nro 5 en 2010, cuando era Arzobispo de la Curia Metropolitana.
Las duras denuncias de Estela de La Cuadra, tía de Ana Libertad, nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo sobre la complicidad del papa Francisco con la dictadura y particularmente con la apropiación ilegal y el robo de la identidad de su sobrina en 1977 todavía no se han juzgado.
En los archivos que la Iglesia ha desclasificado, nada de esto aparecerá. Por eso, el reclamo histórico de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos sigue vigente, porque, en primer lugar, el Vicariato Castrense sigue amparada por la impunidad, y la gran mayoría de los miembros de la Iglesia Católica que colaboraron con el genocidio sigue impune.
No confiamos en la “luz” que ofrece monseñor Arancedo. Queremos verdad, justicia y castigo a los responsables.
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